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Mismo trabajo, distinto empleador. El 1 de octubre, el Gobierno vasco asumirá la transferencia de las cárceles vascas de manos del Ejecutivo central después de un acuerdo político que sus funcionarios afrontan con incertidumbre. EL CORREO habla con cuatro de ello

Fuente: El Independiente

A una semana de que el País Vasco asuma la gestión de las prisiones, la incertidumbre sobre sus condiciones laborales -sobre las que no hay aún acuerdo- lleva a casi todo el colectivo a presentarse al concurso de traslados a cárceles de otras comunidades.

La práctica totalidad de los funcionarios de prisiones de Euskadi se ha acogido al concurso de traslados para optar a plazas en otros centros penitenciarios fuera del País Vasco. Ante la demora en conocer cuáles serán definitivamente las condiciones laborales que les ofrece el Gobierno vasco, la mayor parte de los 700 funcionarios de prisiones de los centros de Zaballa (Alava) Basauri (Bizkaia) y Martutene (San Sebastián) se han inscrito en la convocatoria cuyo plazo de solicitud concluye esta semana. La incertidumbre que, a apenas una semana de que Euskadi asume la gestión de las cárceles –lo hará formalmente desde el 1 de octubre próximo-, ha llevado al personal de los tres centros carcelarios a contemplar la posibilidad de pedir el traslado.

La gran mayoría de los funcionarios de los tres centros ubicados en el País Vasco proceden de otras comunidades autónomas, en su mayoría vecinas, como Cantabria, Castilla y León o Navarra. Cerca del 85% del personal no reside de modo habitual en Euskadi y se desplaza semanalmente para llevar a cabo sus jornadas laborales, que se pueden prolongar tres o cuatro días, y retornar después a su lugar de origen. Se trata de empleados penitenciarios que en muchos casos deben afrontar no sólo los desplazamientos semanales sino también residir compartiendo piso entre compañeros, en hostales o en residencias estudiantiles.

Las negociaciones llevadas a cabo desde hace semanas entre la Administración vasca y los representantes laborales no han logrado por el momento aflorar un acuerdo cerrado en las condiciones de trabajo que ofrecerá el Ejecutivo vasco cuando la Administración del Estado ceda el testigo de las tres prisiones.

Fuentes sindicales señalan que en los aspectos laborales las condiciones son similares y que tan sólo perciben alguna mejora en las condiciones que se les han avanzado en materia de antigüedad. Sin embargo, añaden que en otros aspectos, como las jornadas laborales, los cambios que desea implantar la administración vasca, como la supresión de las jornadas concentradas que ahora vienen realizando, están dificultando sobremanera el acuerdo.

Falta de concreción

Desde el sindicato UGT señalan que “falta mucha concreción” y que los interlocutores del Gobierno de Urkullu “continúan sin concretar muchos aspectos que nos parecen esenciales para decidir si queremos continuar aquí o marcharnos”, asegura Santiago Carral, delegado de Acaip/UGT en la prision de Zaballa. Los representantes de los trabajadores denuncian que la falta de detalle en la propuesta es lo que está generando incertidumbre entre el personal de las prisiones: “Nos están pidiendo que lancemos una moneda al aire. No sé si es para que muchos se vayan y traigan personal de otro perfil, el que ellos seleccionen, o simplemente por haberlo retrasado en exceso. Mucha gente se lo está pensando. Yo, por ejemplo, llevo muchos años en Zaballa, nunca me lo plantee, pero ahora…”.

El plan inicial de la Administración vasca pasa por abrir un periodo transitorio en el ajuste de la competencia y del encaje del personal que ahora tienen los tres centros. Serían dos años y tres meses, hasta cerrar el plan y condiciones definitivo. En ese periodo también se contemplaría la adaptación progresiva en materia lingüística.

Por el momento no se ha establecido ningún nivel de exigencia lingüística. Además, por razones de edad, tal y como ya se contempla en el conjunto de la administración pública, se confía en que a la mayor parte de los funcionarios de prisiones no les afectara al quedar exentos por razones de edad. Actualmente la edad media de los 700 funcionarios ronda los 51 años.

Un ‘modelo vasco’

Uno de los aspectos en los que sí percibirán un cambio significativo serán el modelo carcelario que se seguirá. La Administración vasca ya ha cerrado un “modelo vasco” de prisiones que buscará como objetivos prioritarios la reinserción y resocialización de los reclusos. Junto a ell0, el modelo carcelario que ultima la Administración se enfocará a la reintegración social de modo especial del colectivo de presos de ETA.

Precisamente el acercamiento de presos de la banda terrorista a el País Vasco es una de las cuestiones que se da por segura. El los acercamientos llevados a cabo por el ministerio del Interior en los últimos dos años la mayor parte de los presos de ETA han sido acercados a cárceles próximas a Euskadi. la siguiente fase que está previsto abordar es el acercamiento de este colectivo de presos a los centros penitenciarios vascos que desde este próximo día 1 de octubre gestionará la administración vasca.

Diario: El Correo

Advierte de que «podría haber movilizaciones» si no hay acuerdo entre el Gobierno vasco y los sindicatos para definir el modelo penitenciario

Falta menos de un mes para que la gestión de las tres prisiones vascas pase a manos del Gobierno vasco y aún hay muchos flecos por cerrar. José Ramón López, presidente de Acaip-UGT, sindicato mayoritario en Prisiones, describe una negociación de última hora y a la carrera de la que depende el futuro de casi 700 funcionarios. Hoy se reúnen por segunda vez con el Ejecutivo de Urkullu para abordar las condiciones laborales de los trabajadores afectados por el traspaso.

¿Cuál va a ser el modelo vasco de prisiones a partir de octubre?

- No tenemos ninguna pista, sólo un documento muy ambiguo. Echamos de menos una reunión política, en la que se nos explique adónde quiere ir el Gobierno vasco con este traspaso.

 

¿Echa en falta voluntad de diálogo?

 

- No sé si es eso. Parece que ellos deciden cómo van a hacer políticamente las cosas y nosotros nos dedicamos a lo técnico. Y eso es un error, porque el modelo penitenciario excede de lo político. A esta Administración le gusta mucho jugar con la ambigüedad.

¿Por qué lo dice?

 

- Aquí no dicen ni sí ni no ni todo lo contrario, sólo ya os mandaremos un documento. Yo estoy acostumbrado a cosas más directas. Si es que es más racional que el acuerdo salga el día 10, pero que salga bien. Pero se han marcado el día 1. Creo que quieren llegar a un acuerdo y no saben cómo. Es mi impresión.

LAB se ha desmarcado de las negociaciones. ¿No sería deseable una unión sindical?

- No somos un sindicato que busca no firmar acuerdos para sacar rédito sindical. Queremos llegar a un acuerdo razonable que beneficie a las partes. A lo mejor hay sindicatos que no quieren eso porque tienen otros intereses.

Presos de ETA

«Es duro tratar con quien asesinó a un compañero, pero lo haces porque eres un profesional»

¿Qué pasará si llega la fecha y no hay acuerdo?

- Que el Gobierno vasco tendrá que implementar unilateralmente lo que entienda adecuado, pero sin acuerdo sindical. Y eso supondrá movilizaciones, desbandada de los funcionarios hacia la Administración del Estado... Lo tendrán que valorar. Vamos con toda la buena voluntad, pero no a cualquier precio. Nuestra línea roja son los derechos consolidados de los trabajadores. El Gobierno vasco debería tener en cuenta una cosa. Cuidado con la propaganda. A la gente no le gusta que le tomen el pelo.

¿El Gobierno vasco no sabía lo que se le venía encima?

- Yo creo que no ha calibrado bien. Creo que ha pensado que podía ser una transferencia más, pero no lo es. Ahora lo intentan hacer a matacaballo. Y lo que se hace deprisa tiende a salir mal.

Denuncian, entre otras cosas, falta de infraestructuras.

- Lo lógico, si vas a potenciar el régimen abierto, es que tengas Centros de Inserción Social. Y no los tienes. Tampoco hay una unidad de madres. En Zubieta, por ejemplo, sí está diseñada, pero faltan casi dos años hasta que abra. Está todo muy cogido con alfileres. Tiene mala pinta.

Ustedes fueron un colectivo señalado por ETA. ¿Es duro tratar con quien asesinó a un compañero?

- Mucho. Pero al final lo tienes que hacer, eres un profesional.

El PP denunció el peligro que existe de que las cárceles vascas se conviertan en «un resort de lujo» para los presos de ETA. ¿Está politizado este tema?

- Totalmente. No hay un interés de gestión, lo cual es completamente respetable. Es una competencia política. Nada más. Hay que llamar a las cosas por su nombre.

Aprender euskera

¿Qué papel tienen los funcionarios en los informes técnicos para las progresiones de grado?

- Emitimos informes sobre la conducta de todos los internos, permisos de salida, progresiones de grado... Pero, al final, quien decide es la Junta de Tratamiento del Centro. También están los juzgados de vigilancia, a los que pueden acudir los internos.

¿Cuántos funcionarios viven fuera del País Vasco?

- Muchos. No podría decir el porcentaje, pero muchos.

¿Es normal que la competencia sea de aquí pero los funcionarios residan fuera?

- No pasa solo aquí. En Prisiones siempre ha habido núcleos donde había muchos funcionarios. Castilla y León es uno de los más cercanos a Euskadi. En Andalucía y Canarias también había un déficit de funcionarios y eso ahora está cambiando. Aquí no.

¿Por qué?

- Quizá se ha trasladado desde las instituciones vascas que los malos somos nosotros. Conozco a muy poquitos vascos funcionarios de prisiones. Y llevo 36 años en esto. Supongo que se irá solucionando porque si van a sacar una OPE aquí, tendrá que presentarse gente de aquí. Sobre todo si piden euskera.

Por cierto, ¿les van a exigir aprenderlo?

- Pues no lo sé porque cada día dicen una cosa distinta.

¿Y qué es lo último que les han dicho?

- Urkullu dijo en la Prensa que no se nos va a exigir. También digo una cosa. Exige lo que quieras, pero la edad media de los funcionarios de Basauri es de 54 años. Diles que se pongan a estudiar euskera. Además, por lo que veo, aquí todo es bilingüe. Por tanto, yo creo que lo de la 'euskaldunización' es más pose que realidad.

 

Fuente: El Diario.es

Acaip-UGT, que es el sindicato mayoritario de las tres prisiones vascas, ha acusado al Gobierno vasco de "falta de previsión" y de actuar "de forma lenta" a la hora de definir el modelo de gestión de la transferencia a partir del 1 de octubre. También entiende su presidente, José Ramón López, que se desconoce "cómo funciona un centro penitenciario y cuáles son sus necesidades reales".

A tres semanas de la asunción de la competencia, Acaip-UGT cree que faltan datos de "cuál" es el modelo de gestión que propone la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y ha advertido de que "no se puede empezar con la gestión de una competencia nueva sin ningún acuerdo sindical". López ha hecho estas afirmaciones en una comparecencia en la sede del UGT en Bilbao, sindicato con el que confluyó en 2018, junto al secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, la secretaria general de la federación de Servicios Públicos de UGT-Euskadi, Arantza Agote, y del responsable de Acaip-UGT de Euskadi, Juan Carlos Díaz, informa Europa Press.

En la comparecencia se ha dado a conocer un informe del sindicato sobre la situación en los centros penitenciarios vascos, así como las prioridades en infraestructuras y medios humanos en las prisiones, ante la inminente asunción de las competencias penitenciarias, efectiva el 1 de octubre, y su encaje en la Administración General de Euskadi. Es una propuesta que, tal y como han trasladado, ya ha sido presentada al Gobierno autonómico.

En dicho análisis, se recogen tres carencias fundamentales a la hora de abordar la gestión del sistema penitenciario. En primer lugar, que Euskadi no cuenta con centros de inserción social para afrontar la política penitenciaria de tercer grado. En segundo lugar, señalan que existe un grave problema del personal necesario que se requiere. Según sus estimaciones, "a día de hoy, y tal y como ha calculado el sindicato, la falta de personal se cifra en más de 90 trabajadores porque, tal y como ha denunciado, "están sin cubrir el 30% de las plazas de personal laboral y más del 10% de las necesarias entre el personal funcionario" en las tres cárceles vascas: Zaballa, Basauri y Martutene.

El personal actual entre las tres prisiones ronda los 700 trabajadores, entre funcionarios y plantilla laboral. En este punto, López ha apuntado que el 50% de esos 700 funcionarios destinados en Euskadi pueden inscribirse en el concurso de traslados que Instituciones Penitenciarias abrió el pasado 1 de septiembre. A todo ello habría que sumar, en tercer lugar, lo que López ha calificado como el "mal endémico y muy preocupante" entre su colectivo, como es la elevada media de edad de los funcionarios, que se sitúa en 54 años en Basauri, en los 51 años en Zaballa y de 48 años en Martutene, cuando, ha precisado, "hay que afrontar una población reclusa cada vez más joven".

A juicio del sindicato mayoritario en Prisiones, "la asunción de las competencias por parte del Gobierno Vasco suscita muchas dudas que no quedan resueltas en las Bases para la Implantación del Modelo Penitenciario en Euskadi". Para empezar, ha añadido, "es primordial que disponga de un sistema provisional de cobertura de las necesidades que vayan surgiendo a partir del 1 de octubre". López ha afirmado que, a juicio de su sindicato, "hay mucho desconocimiento de cómo funciona un centro penitenciario y de cuáles son las necesidades reales de funcionamiento".

Por ese motivo, entienden que "se están dando una situación de poco calado, de ir a 'matacaballo', solamente buscando una fecha para presentar un acuerdo a los ojos de la opinión publica". Sin embargo, ha advertido, ese acuerdo, "a día de hoy, está lejos". "Aunque no decimos que no se vaya a producir, porque somos el sindicato mayoritario en instituciones penitenciarias desde el año 1998 y somos un sindicato que firma acuerdos, estamos para firmar acuerdos pero no para firmarlos a cualquier precio", ha indicado.

A juicio del presidente de Acaip, el problema de esta transferencia es que es "totalmente nueva". "Y vamos a tener que crear todo nuevo desde la estructura, como ya se tenía en la Administración central", ha dicho. Por eso, ha valorado, tienen la sensación de que "no se ha calibrado bien esta circunstancia desde el Gobierno y que está muy poco trabajada y muy poco desarrollada pese a ser una competencia muy deseada".

López ha fijado "las líneas rojas" que su sindicato no va a traspasar en las negociaciones en materia de retribuciones económicas de las plantillas de los tres centros penitenciarios vascos. En este sentido, ha advertido de que no van a permitir que "un funcionario transferido pierda dinero bajo ningún concepto". "Eso es absolutamente impensable y esa es una línea roja evidente", ha enfatizado. Además, el Gobierno casco "no puede pretender que los sindicatos, como representantes de los trabajadores, renuncien a derechos adquiridos por las plantillas".

En su informe, Acaip-UGT sostiene que las carencias de personal, tanto por vacantes, como por relaciones de puestos de trabajo infradotadas "deben solucionarse con la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo a la realidad existente con un dimensionamiento adecuado". Para ello, también es necesaria una OPE suficiente que permita cubrir de forma adecuada las relaciones de puestos de trabajo. Sin embargo, López ha alertado de que esos nuevos trabajadores no se incorporarían antes de dos años, lo que agravaría la situación de provisionalidad, algo que requiere, en su opinión de la creación de una bolsa de interinos que permita solucionar disfunciones coyunturales de forma efectiva y rápida.

El Gobierno vasco se reunirá este miércoles con los sindicatos para negociar las condiciones laborales de los trabajadores afectados por la transferencia a Euskadi de la gestión de las cárceles ubicadas en la comunidad autónoma. En este sentido, López ha corroborado que las reuniones mantenidas hasta ahora solo han sido "de carácter técnico, a efectos de instrumentalizar al 1 de octubre los efectos del traspaso". Asimismo ha lamentado que las declaraciones realizadas acerca del modelo del sistema "son bastante generalistas pero no aluden exactamente en qué términos" por lo que todavía no tienen "una idea clara de qué y cómo quieren llevar a cabo" la gestión del sistema penitenciario vasco.

Fuente: El Mundo

ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario, advierte de que la mitad de los 700 trabajadores pedirán su traslado si la consejera no respeta sus derechos

ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario en las tres prisiones vascas, ha denunciado el "desconocimiento" con el que la consejera Beatriz Artolazabal está abordando la transferencia el próximo 1 de octubre. El Gobierno vasco y los sindicatos ACAIP-UGT, CCOO y ELA retomarán mañana miércoles sus contactos para determinar las condiciones de trabajo de los 700 funcionarios y personal laboral que trabajan en las tres prisiones vascas. "Sería un grandísimo error asumir la transferencia sin acuerdo", han advertido el secretario general de ACAIP-UGT José Ramón López y el líder de UGT Euskadi Raúl Arza.

Los funcionarios de prisiones negocian a "matacaballo", según López, las condiciones de trabajo de los 700 funcionarios que a partir del 1 de octubre formarán parte de la administración vasca. Unas condiciones singulares tanto por las características del trabajo de estos funcionarios del Estado como por sus condiciones laborales que, tras el acuerdo político para el traspaso, deben ser respetadas por el departamento de Beatriz Artolazabal que ha encomendado a Jon Uriarte, director de Administración del departamento de Justicia.

El sindicato mayoritario se muestra "sorprendido" de la actitud del equipo de Artolazabal cuando tan sólo restan tres semanas para que oficialmente el Gobierno vasco se haga con el control de las prisiones y, especialmente, con la responsabilidad de los 700 funcionarios y trabajadores de Zaballa, Basauri y Martutene. Como informó EL MUNDO, el Gobierno vasco hizo entrega la pasada semana de una primera propuesta centrada en las condiciones laborales sin contemplar lo que ACAIP-UGT ha definido como "líneas rojas" en la negociación. Artolazabal sí incorpora como parte de la normativa que se aplicará en un segundo momento un plan de conocimiento del euskera ligado a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se finalizará no antes del año 2023.

Mientras tanto, los funcionarios exigen que se respete el pase a la denominada 'segunda actividad' de una plantilla que supera los 50 años de media de edad y que es insuficiente para atender a una población reclusa de 1.300 presos distribuidos en los tres centros penitenciarios. José Ramón López ha advertido de que en el momento de la transferencia faltarían 90 trabajadores, fundamentalmente en Zaballa, en función del ratio de funcionarios que se requiere en los centros tipo como la prisión alavesa.

Una circunstancia agravada al mantenerse abiertos los 15 módulos de esta cárcel moderna y a la que se destinó la misma plantilla que prestaba hasta 2011 sus servicios en la antigua prisión de Nanclares, con la mitad de módulos. ACAIP-UGT, además de un aumento del personal, reclama que se mantenga el salario vinculado a los seis "programas de productividad" que, de momento, el Gobierno vasco no contempla porque no forma parte de sus retribuciones salariales.

ACAIP-UGT ha advertido, además, que ni Artolazabal ni ningún miembro de su equipo ha explicado a los sindicatos en qué consiste el 'modelo penitenciario vasco' que pretende poner en marcha a partir del día 1 de octubre con la colaboración como asesor del juez Jaime Tapia. Un modelo que primará el cumplimiento en semilibertad de las penas de todos los reclusos, especialmente de los casi 70 miembros de ETA que ya se encuentran en las tres prisiones vascas y que se verán incrementados en los próximos meses.

López ha advertido a la consejera Artolazabal que hasta el 50% de los 700 funcionarios destinados en Euskadi pueden apuntarse al concurso de traslados que Instituciones Penitenciarias abrió el pasado 1 de septiembre por las dudas que se han generado en la plantilla. Una desbandada que agravaría la situación actual en la que un funcionario llega a realizar el control de dos módulos a la vez. El representante de ACAIP-UGT ha planteado que se constituyan bolsas de trabajo para contrarrestar las vacantes actuales y las que se puedan generar pero ha destacado la necesidad de cerrar un acuerdo antes del 1 de octubre. "No vamos a permitir que ningún funcionario pierda dinero [con la transferencia]", ha advertido ACAIP-UGT que lidera la negociación del traspaso de esta delicada competencia.

Fuente: El Mundo

El 85% de la plantilla reside fuera del País Vasco y teme la presión lingüística impuesta por el gobierno vasco

El Gobierno vasco pretende cerrar en apenas tres semanas un acuer-do con los funcionarios de Prisio-nes que trabajan en las tres cárce-les de Euskadi y que a partir del 1 de octubre se integrarán en la ad-ministración autonómica. El Ejecu-tivo de Urkullu ha incluido entre su oferta a los sindicatos retrasar la obligación del conocimiento del euskera a los 700 trabajadores que, de momento, componen las planti-llas de las prisiones de Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya) y Martu-tene (Guipúzcoa). Los funciona-rios, la gran mayoría ciudadanos

Fuente: El Pais

El lehendakari afirma que ese tipo de actos “violan” los esfuerzos por la convivencia

El lehendakari ha mandado un mensaje muy duro a la izquierda abertzale por alentar y justificar los homenajes a los miembros de ETA, libres o encarcelados. En su opinión, los recibimientos “violan los esfuerzos por una convivencia integral”, ha declarado este viernes Íñigo Urkullu a través de las redes sociales. “Estas son actitudes repulsivas”, ha dicho en relación a quienes desde Sortu, el partido mayoritario de la coalición EH Bildu, defienden los homenajes a exterroristas, como el que varias decenas de personas ofrecieron el pasado lunes en el barrio bilbaíno de Santutxu al etarra Agustín Almaraz, que salió de la cárcel tras cumplir 25 años de condena por cuatro asesinatos. Sortu sostiene que la salida de prisión de cada recluso de ETA es un hecho que “acerca a la paz” y en un comunicado aseguran que “difícilmente se construirá la convivencia imponiendo al otro lo que debe o puede hacer”.

Urkullu ha reclamado una reflexión en clave ética a los dirigentes de Sortu y a los miembros de ETA que siguen en la cárcel o que la abandonan después de cumplir la pena. A través de Facebook les ha pedido que hagan “una valoración y un reconocimiento del daño injusto causado” para cumplir con los mínimos de respeto a las víctimas que exige la sociedad vasca y sobre los que se ha de construir la convivencia. El lehendakari se ha sumado al coro de voces críticas con la izquierda abertzale que ya alcanza a todo el arco parlamentario vasco. El recibimiento a Almaraz ha sido denunciado por los Gobiernos central y vasco, por todos los partidos políticos y las asociaciones de víctimas. Solo Sortu salió en su defensa.

 

El Observatorio de Radicalización, de Covite, ha registrado en los seis primeros meses del año 64 actos de apoyo a ETA, frente a los 124 documentados en el mismo periodo de 2020. De ellos, nueve fueron homenajes a miembros de ETA, 40 han sido pintadas y pancartas de ensalzamiento a la banda, cinco manifestaciones a favor de la amnistía para los presos y 10 acciones clasificadas como “otros” entre los que figura el acoso a las Fuerzas de Seguridad del Estado o la agresión al exconcejal del PP en Vitoria, Iñaki García Calvo. Para el próximo día 18 de septiembre está prevista una marcha de homenaje en Mondragón al preso de ETA Henri Parot, que lleva 31 años en la cárcel y cumple condena por el asesinato de 39 personas en diferentes atentados. El acto, organizado por la red Sare de apoyo a los presos, consiste en una marcha solidaria de 31 kilómetros, uno por cada año que lleva en la cárcel.

 

Urkullu argumenta que cada vez es más necesario compartir una base ética “que destierre para siempre estas actitudes que violan los esfuerzos por una convivencia integral” y añade que lo fundamental es “construir una sociedad desde la base firme de unos principios y valores compartidos”. La repulsa de Urkullu hacia la defensa que hace Sortu de los denominados ongi etorri (bienvenida) a los presos de ETA es compartida también por los sindicatos policiales. El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, y el secretario de organización de JUPOL, Aarón Rivero, se reunieron este lunes con el Delegado del Gobierno en el País Vasco para explorar la posibilidad de prohibir el acto, una decisión que solo puede adoptar la justicia. La Delegación del Gobierno remitió a la Fiscalía la convocatoria del acto.

En el mismo mensaje que Urkullu ha difundido sobre los recibimientos a etarras, el lehendakari ha condenado los últimos incidentes entre jóvenes y policía en San Sebastián. EH Bildu ha sido la única fuerza que se ha negado a suscribir una condena de los hechos que dieron lugar a la detención de quince jóvenes en San Sebastián tras enfrentamientos con la policía vasca y saqueos en comercios.

El Partido Popular registró el jueves una petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le exigen explicaciones sobre los homenajes a presos de ETA que vienen realizándose en municipios del País Vasco y Navarra y le emplazan a tomar medidas para poner fin a estos ongi etorri. La iniciativa registrada en el Congreso reclama al titular de Interior que explique “las actuaciones que está llevando a cabo para prohibir los actos de homenajes ongi etorri que se están produciendo, a la salida de las prisiones, de presos de ETA”. La solicitud, firmada por Cuca Gamarra, emplaza a Grande-Marlaska a tomar medidas “para no permitir la celebración, el próximo 18 de septiembre, de un acto de homenaje en Mondragón (Guipúzcoa) a Henri Parot”, que acumulaba penas de hasta casi 4.800 años de cárcel.

 

Esta medida es preventiva y se toma tras constatar un brote en el penal

 

En la noche del miércoles se detectó un brote en el módulo cinco del centro penitenciario de Zaballa, después de que uno de los internos fuera diagnosticado con coronavirus por una prueba de antígenos. Esta situación dio lugar a hacer una barrida con test de antígenos en los 69 reclusos, lo que arrojó 13 positivos más, dejando un total de 14 afectados.

Ante esta situación, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, explicó que como medida de prevención "se está procediendo a lo largo de la mañana a realizar test PCR a todos los ocupantes que han dado negativo para poder consolidar ese diagnóstico negativo por antígeno".

Cuarentena sanitaria

De momento los 14 afectados desarrollan una sintomatología leve ya que estaban vacunados y han sido sometidos a un aislamiento. Mientras el conjunto del módulo está en cuarentena sanitaria, eso quiere decir, según palabras del delegado "que no pueden entrar personas a visitarlos ni ellos pueden salir de la prisión. Desde el primer momento se ha aplicado el protocolo previsto para este tipo de casos".

 

Fuente: OK Diario

Representantes del Gobierno Vasco visitaron la cárcel de Nanclares de Oca para explicar a los trabajadores el nuevo modelo penitenciario vasco

En las últimas semanas se ha acelerado la llegada de terroristas condenados al País Vasco que exigen celdas para ellos solos y horarios personales para sus comidas.

Desde el pasado 7 de julio el País Vasco controla su propio sistema penitenciario. Eso al menos es lo que publicó el Boletín Oficial del Estado. Pero según la información a la que ha tenido acceso OKDIARIO, lo que realmente sucede es que la comunidad autónoma vasca no está todavía preparada para asumir todo lo que implica el control de las cárceles; que el traslado masivo de presos condenados por terrorismo de ETA no ha sido casual y que las víctimas colaterales de todas esta situación son los funcionarios de prisiones que ahora estarán obligados a aprender euskera si tienen menos de 45 años y, además, no podrán pedir traslados a otras cárceles fuera del País Vasco para evitar una desbandada de profesionales.

Desde hace meses, el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, ha acercado a más de 200 terroristas condenados por delitos relacionados con su pertenencia a ETA a cumplir sus condenas más cerca del País Vasco o incluso dentro de la propia comunidad autónoma. Ahora que la transferencia de competencias es un hecho. OKDIARIO ha tenido acceso al contenido de una reunión que delata lo que a todas luces parece una amnistía encubierta.

“De un tiempo a esta parte se ha disparado la llegada de presos condenados por terrorismo de ETA y están llegando muy subidos. Piden celdas para ellos solos y horarios personales para comer y para comprar en el economato”, explican fuentes penitenciarias vascas. Tan cómodos se sienten estos presos en la tierra natal que hace unos días un etarra se encaró con otro preso al que le dio por celebrar un gol de la selección española en la Eurocopa. No hubo más celebraciones.

De hecho, en las últimas horas se ha sabido que el partido proetarra EH-Bildu ha mantenido reuniones con los directores de las cárceles vascas. Nadie sabe exactamente qué se negocia en esas reuniones, pero lo que sí ha podido confirmar OKDIARIO es que la temática de estos encuentros se centra en la situación de los más de 50 terroristas que hay en cárceles vascas y en los que pueden llegar en los próximos meses.

El régimen cerrado como excepción

La amnistía encubierta de algunos terroristas no estaría en el modo en el que van a cumplir su condena en el País Vasco, sino más bien en si realmente las van a cumplir. En la reunión en Nanclares de la que ha tenido noticia OKDIARIO los representantes del Gobierno vasco volvieron a insistir en que la política penitenciaria vasca iría dirigida “al régimen abierto y semiabierto más que al régimen cerrado, que será una excepción”. Lo normal en el País Vasco será cumplir condenas fuera de la cárcel.

¿Y de todo esto qué dice el Gobierno, el Ministerio del Interior y Marlaska? Nada. Literal. Con su silencio, Marlaska bendice las reuniones con Bildu y los directores de las cárceles vascas, pero es que los propios miembros del Gobierno Vasco en Nanclares dijeron a los funcionarios que no están recibiendo nada de ayuda por parte de Interior para organizar una competencia nueva que deberán asumir por completo a partir del mes de octubre. Entonces, ¿quién les orienta? El Gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña.

Así que, siguiendo ese modelo, han llegado las primeras sorpresas para los trabajadores de las tres cárceles vascas. Que una cárcel esté en una comunidad autónoma no significa que sus trabajadores sean de esa misma comunidad autónoma, pero eso a los Gobiernos autonómicos con lengua propia les da igual. Pasó en Cataluña y va a pasar en el País Vasco: todos los funcionarios de prisiones menores de 45 años estarán obligados a aprender euskera. En lugar de renovar el cuerpo de trabajadores sacando nuevas plazas a concurso con ese requisito lingüístico ya implícito, se impone a los trabajadores con plaza aprender sí o sí una lengua nueva.

Quien no deseara enriquecer su cultura sumando el euskera a sus conocimientos podría pedir traslado a otra comunidad autónoma. Pues tampoco. En la reunión de Nanclares se deslizó la idea de que al menos en los próximos dos años nadie podría concursar para cambiar de cárcel. El Gobierno Vasco es consciente de que podría enfrentarse a una desbandada de funcionarios difícil de suplir porque tradicionalmente los funcionarios de prisiones en el País Vasco no son vistos con muy buenos ojos y no creen que hubiera una demanda en tropel de puestos de trabajo si convocaran nuevas plazas.

Aún así el Gobierno tiene un plan B por si el grueso de funcionarios lograra encontrar modo de salir a otras comunidades autónomas: destinar a trabajadores de oficinas a ‘interior’, que en argot penitenciario significa estar mano a mano con los presos, y eso no lo puede hacer cualquiera, pero parece que ahora en el País Vasco el requisito de la preparación será secundario.

Pero es que hay un plan C por si los anteriores fallan: dedicar funcionarios de cualquier área del Gobierno Vasco para trabajar en prisiones. Está claro que para algunas cosas el fin está justificando cualquier medio.

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