Medios de comunicación

Fuente: El Mundo

El Gobierno vasco y ACAIP-UGT pactan una "actuación excepcional" para paliar la falta de funcionarios tras la precipitada transferencia

El Departamento de Justicia pretende incorporar antes del próximo mes de agosto a 60 funcionarios interinos en las tres prisiones vascas en una "actuación excepcional" ante la falta de personal. La consejería de Beatriz Artolazabal activará en las próximas semanas dos bolsas de empleo para incorporar a vigilantes de los módulos, auxiliares administrativos, psicólogos y abogados casi 8 meses después de que el sindicato ACAIP-UGT, mayoritario en las cárceles vascas, le advirtiera sobre la existencia de vacantes sin cubrir agravadas por las jubilaciones de una plantilla de funcionarios envejecida.

El sindicato ACAIP-UGT advirtió en septiembre de 2021 sobre el déficit de personal en las tres prisiones vascas y especialmente en la de Zaballa al mantener la misma plantilla que la definida para la cárcel de Nanclares, operativa hasta 2021 y con casi la mitad de módulos. Advertencias públicas para que el equipo de Artolazabal adoptara con urgencia medidas para paliar un déficit de personal que se ha visto agravado en los últimos meses por el último concurso de traslados y el número de jubilaciones. La consejera Artolazabal ha evitado ofrecer aclaraciones e incluso dio por hecho el pasado 12 de enero que en el concurso de traslados serían más los funcionarios que llegarían a Euskadi que los que se marcharan a otros destinos.

Ocho meses después de las primeras denuncias públicas y casi seis desde que el Gobierno vasco asumiera la transferencia de prisiones, el Gobierno vasco asume la necesidad de activar una "actuación excepcional" para incorporar a interinos porque "puestos esenciales podrían estar vacantes", como recoge el documento suscrito por el Departamento de Justicia y el sindicato mayoritario. Un texto que constituye un reconocimiento explícito a lo denunciado por ACAIP-UGT desde el pasado otoño y que obliga a crear las dos bolsas de empleo, modificar varias órdenes sobre la contratación de interinos y la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de una "delegación de competencias" para que sea la Dirección de Administración de Justicia quien asuma directamente la gestión de este problema y no el Departamento de Función Pública.

El Gobierno vasco publicará en las próximas semanas las condiciones para acceder a estos puestos de funcionarios interinos penitenciarios que diferencian entre las funciones de "ayudantes" con tareas de vigilancia y de auxiliares administrativos y los "técnicos" donde también se diferencia entre abogados y psicólogos respecto a los trabajadores sociales. Los sueldos brutos anuales de estos puestos oscilarán entre los 30.474 euros y los 46.346 euros. Sin embargo, los vigilantes de módulos tendrán complementado su salario para aproximarlo al de sus compañeros que sí son funcionarios y que fueron transferidos por el acuerdo adoptado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Urkullu.

La incorporación de los nuevos funcionarios interinos se producirá tras baremar sus méritos (incluido el euskera con hasta 4 puntos sobre los 19 puntos de la categoría de vigilantes) y una formación "exprés" de diez días en los propios centros penitenciarios. La incorporación de este primer grupo de 60 interinos no cierra esta vía sino que, según fuentes sindicales, podrá ser reactivada durante 2022 para paliar un déficit de hasta 100 trabajadores en las prisiones. Sólo en la cárcel de Martutene faltan por cubrir 17 puestos en el área de administración y hay prisiones sin especialistas jurídicos porque sólo hay una plaza cubierta de las tres existentes y el profesional se encuentra de baja.

El Gobierno vasco tiene que definir una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que concrete el número y las funciones de sus profesionales en el ámbito penitenciario. Hasta ahora, el único cambio introducido por la consejera Artolazabal (PNV) para desarrollar el denominado "modelo penitenciario vasco" ha sido la creación de Aukerak, el ente encargado de mejorar la reinserción de los presos a través de la formación laboral y el empleo.

 

 

Fuente: La Razón

El País Vasco ha perdido unos 15 trabajadores tras el último concurso de prisiones. El Gobierno autonómico debe decidir el organigrama que tendrán sus prisiones

Toda la polémica en torno a los contactos entre el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y emisarios de presos de ETA ha pillado a los funcionarios de prisiones vascas en medio de la negociación de sus condiciones. El traspaso de competencias del Gobierno al Ejecutivo autonómico se hizo efectivo el pasado mes de octubre, pero las condiciones laborales de los 619 trabajadores todavía no están definidas. Se han dado dos años de prórroga de las actuales, pero lo que finalmente se decida en El País Vasco -donde tienen un plus salarial, por ejemplo- puede afectar también al resto de cárceles porque los sindicatos no están dispuestos a quedarse atrás en los demás territorios.

El último concurso de traslados acaba de resolverse y finalmente no ha sido “la avalancha” de huidas que en un principio pareció que iba a haber, explican fuentes penitenciarias. Cuando se anunció que se iniciaba el proceso para cambiar los puestos de trabajo la incertidumbre de qué pasaría con el traspaso de competencias y cómo quedarían sus condiciones provocó un número muy elevado de peticiones de marcha. Pero cuando se llegó a un principio de acuerdo para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 las actuales hasta que se establezca un convenio propio, este número se redujo. Finalmente, y según datos facilitados por los sindicatos a LA RAZÓN, Euskadi solo pierde 15 trabajadores.

De las tres prisiones que hay en ese territorio el mapa ha quedado de la siguiente forma: En la de Álava se han marchado 49 funcionarios, pero han llegado otros 47; en la de Basauri (Vizcaya) se han ido 9 y han llegado 2; y en la que se ubica en San Sebastián se marchan 22, pero entran 16. El total de las vacantes que ya existían antes y las que se suman ahora son 54 entre todos los centros que el Gobierno vasco tendrá que cubrir, quizás, con una oferta de empleo público.

A partir de aquí comienzan a negociarse las condiciones de los trabajadores. Se decidirá en una mesa delegada en la que están presentes cuatro sindicatos -CCOO, ELLA, LAB y Acaip-ugt- de un lado y el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu del otro. Por el momento no se han reunido, según fuentes conocedoras de la situación, porque se han dado un margen para valorar lo que cada cual quiere poner sobre el papel, pero los contactos empezarán pronto.

Las dudas sobre sus condiciones versan, por un lado, en las condiciones salariales ya que en ese territorio siempre se ha incluido un plus salarial -que a efectos prácticos viene a ser unos 400 euros más que el resto de los funcionarios de España-; así como en la estructura organizativa, puesto que el Gobierno vasco tendrá que establecer la relación de los puestos de trabajo que quiere en su territorio.

También tendrán que revisarse las jornadas laborales. Las prisiones vascas han sido consideradas desde inicios de los años 90′ una categoría especial dentro de Instituciones Penitenciarias, en la que además se incluye la cárcel de Navarra. Esto tiene que ver, precisamente, con la banda terrorista ETA. Si bien los presos vascos tradicionalmente no se han encarcelado allí por la política de dispersión que se había practicado hasta la llegada del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la peligrosidad de trabajar en una zona donde los terroristas tenían como objetivo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado era evidente. Por eso, se accedió no solo al complemento salarial, sino también a un mayor número de permisos, por ejemplo, para poder visitar a sus familias que muchas veces no vivían dentro de la comunidad autónoma.

Problema derivado para Interior

Los funcionarios no están dispuestos a dejarse estos derechos adquiridos negociando, pero esto puede abrir también una brecha dentro del Ministerio del Interior porque el resto de trabajadores de prisiones tampoco va a dar su brazo a torcer: quieren las mismas condiciones.

Para las fuentes sindicales consultadas ya no tiene sentido que estos territorios tengan unos privilegios sobre el resto porque ahora son extrapolables a muchos otros. Por ejemplo a las islas Canarias o Baleares por su problema de comunicaciones, o a la delincuencia organizada que crece en la Costa del Sol. La idea no es bajar las condiciones de todos, sino subir la de los demás territorios. Y en eso llevan los sindicatos años.

Diario: El Mundo

Las cárceles vascas se vacían de funcionarios y sólo 65 personas de otras comunidades se incorporarán al nuevo modelo penitenciario.

El Gobierno vasco asumió el pasado 1 de octubre la transferencia de las tres cárceles vascas y cada vez hay menos funcionarios para ocuparse de los 1.365 reclusos, entre ellos 84 miembros de ETA. La consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, anunció el pasado 12 de enero que al finalizar el concurso de traslados, que ha culminado esta misma semana, Instituciones Penitenciarias incrementaría los trabajadores de los centros de Zaballa, Martutene y Basauri.

Sin embargo, las plantillas de estos centros acumulan ya 82 vacantes porque 80 funcionarios han decidido marcharse del País Vasco renunciando a las mejores condiciones económicas y laborales que ofrece el Gobierno vasco y sólo 65 de otras regiones se incorporarán en las próximas semanas al denominado modelo penitenciario vasco.

El Gobierno vasco anunció la implantación de un sistema singular de cumplimiento de las penas en el que se pretende que el 40% de los reclusos se encuentren en semilibertad y que beneficiará singularmente a los 84 presos de ETA que ya han sido trasladados, aunque tanto EH Bildu como el PNV pretenden acelerar estos acercamientos y que los 175 ex miembros de la banda sean trasladados a prisiones del País Vasco y de Navarra.

El sindicato ACAIP-UGT, el mayoritario en las plantillas de funcionarios penitenciarios en el País Vasco, ya advirtió antes de que se procediera a culminar la transferencia de un déficit de 65 vacantes en las tres prisiones en función de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

El acuerdo laboral

Cien días después de asumir la gestión de las cárceles y con el foco situado en la nueva agencia de formación laboral Aukerak (Oportunidades, en euskera), el déficit de funcionarios se sitúa en 82 vacantes y compromete el funcionamiento del trabajo en estos centros penitenciarios.

"Ya advertimos que ésta [por la gestión de las prisiones] no era una transferencia más, sino una transferencia muy complicada porque, entre otras cosas, no tiene parangón con el trabajo de otros funcionarios del Gobierno vasco", advierte José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT que logró cerrar con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu un acuerdo laboral para respetar durante dos años las condiciones de trabajo de un grupo de trabajadores perseguidos durante décadas por los miembros de ETA.

El déficit de funcionarios denunciado por ACAIP-UGT antes del 1 de octubre se ha incrementado tras las intenciones del Gobierno de Urkullu de comenzar con un proceso de euskaldunización. Prácticamente toda la plantilla formalizó el primer trámite para optar por plazas en otras prisiones de España, pero tras el acuerdo laboral alcanzado por ACAIP-UGT que mantiene complementos salariales específicos y calendarios con periodos de descanso, las peticiones de traslado se redujeron.

El concurso de traslados

Consciente del déficit de trabajadores formados, la consejera Artolazabal aseguró hace una semana que, según la información que le había facilitado el Ministerio del Interior, aumentaría el número de funcionarios en el País Vasco. "El saldo que parece ser que se puede producir va a ser un saldo positivo", contestó Artolazabal ante las denuncias de los sindicatos sobre la disminución de funcionarios de prisiones.

La finalización del concurso de traslados con el listado oficial, al que ha tenido acceso EL MUNDO, constata una pérdida de al menos 15 empleados públicos que se suman a las 67 vacantes anteriores y que no podrán ser reemplazados por contrataciones de interinos hasta que el Gobierno vasco elabore su propia RPT.

El Ejecutivo de Urkullu ha asumido ante los sindicatos que tendrá que pagar pluses salariales a los funcionarios para contrarrestar el déficit de plantilla.

Mismo trabajo, distinto empleador. El 1 de octubre, el Gobierno vasco asumirá la transferencia de las cárceles vascas de manos del Ejecutivo central después de un acuerdo político que sus funcionarios afrontan con incertidumbre. EL CORREO habla con cuatro de ello

Fuente: El Independiente

A una semana de que el País Vasco asuma la gestión de las prisiones, la incertidumbre sobre sus condiciones laborales -sobre las que no hay aún acuerdo- lleva a casi todo el colectivo a presentarse al concurso de traslados a cárceles de otras comunidades.

La práctica totalidad de los funcionarios de prisiones de Euskadi se ha acogido al concurso de traslados para optar a plazas en otros centros penitenciarios fuera del País Vasco. Ante la demora en conocer cuáles serán definitivamente las condiciones laborales que les ofrece el Gobierno vasco, la mayor parte de los 700 funcionarios de prisiones de los centros de Zaballa (Alava) Basauri (Bizkaia) y Martutene (San Sebastián) se han inscrito en la convocatoria cuyo plazo de solicitud concluye esta semana. La incertidumbre que, a apenas una semana de que Euskadi asume la gestión de las cárceles –lo hará formalmente desde el 1 de octubre próximo-, ha llevado al personal de los tres centros carcelarios a contemplar la posibilidad de pedir el traslado.

La gran mayoría de los funcionarios de los tres centros ubicados en el País Vasco proceden de otras comunidades autónomas, en su mayoría vecinas, como Cantabria, Castilla y León o Navarra. Cerca del 85% del personal no reside de modo habitual en Euskadi y se desplaza semanalmente para llevar a cabo sus jornadas laborales, que se pueden prolongar tres o cuatro días, y retornar después a su lugar de origen. Se trata de empleados penitenciarios que en muchos casos deben afrontar no sólo los desplazamientos semanales sino también residir compartiendo piso entre compañeros, en hostales o en residencias estudiantiles.

Las negociaciones llevadas a cabo desde hace semanas entre la Administración vasca y los representantes laborales no han logrado por el momento aflorar un acuerdo cerrado en las condiciones de trabajo que ofrecerá el Ejecutivo vasco cuando la Administración del Estado ceda el testigo de las tres prisiones.

Fuentes sindicales señalan que en los aspectos laborales las condiciones son similares y que tan sólo perciben alguna mejora en las condiciones que se les han avanzado en materia de antigüedad. Sin embargo, añaden que en otros aspectos, como las jornadas laborales, los cambios que desea implantar la administración vasca, como la supresión de las jornadas concentradas que ahora vienen realizando, están dificultando sobremanera el acuerdo.

Falta de concreción

Desde el sindicato UGT señalan que “falta mucha concreción” y que los interlocutores del Gobierno de Urkullu “continúan sin concretar muchos aspectos que nos parecen esenciales para decidir si queremos continuar aquí o marcharnos”, asegura Santiago Carral, delegado de Acaip/UGT en la prision de Zaballa. Los representantes de los trabajadores denuncian que la falta de detalle en la propuesta es lo que está generando incertidumbre entre el personal de las prisiones: “Nos están pidiendo que lancemos una moneda al aire. No sé si es para que muchos se vayan y traigan personal de otro perfil, el que ellos seleccionen, o simplemente por haberlo retrasado en exceso. Mucha gente se lo está pensando. Yo, por ejemplo, llevo muchos años en Zaballa, nunca me lo plantee, pero ahora…”.

El plan inicial de la Administración vasca pasa por abrir un periodo transitorio en el ajuste de la competencia y del encaje del personal que ahora tienen los tres centros. Serían dos años y tres meses, hasta cerrar el plan y condiciones definitivo. En ese periodo también se contemplaría la adaptación progresiva en materia lingüística.

Por el momento no se ha establecido ningún nivel de exigencia lingüística. Además, por razones de edad, tal y como ya se contempla en el conjunto de la administración pública, se confía en que a la mayor parte de los funcionarios de prisiones no les afectara al quedar exentos por razones de edad. Actualmente la edad media de los 700 funcionarios ronda los 51 años.

Un ‘modelo vasco’

Uno de los aspectos en los que sí percibirán un cambio significativo serán el modelo carcelario que se seguirá. La Administración vasca ya ha cerrado un “modelo vasco” de prisiones que buscará como objetivos prioritarios la reinserción y resocialización de los reclusos. Junto a ell0, el modelo carcelario que ultima la Administración se enfocará a la reintegración social de modo especial del colectivo de presos de ETA.

Precisamente el acercamiento de presos de la banda terrorista a el País Vasco es una de las cuestiones que se da por segura. El los acercamientos llevados a cabo por el ministerio del Interior en los últimos dos años la mayor parte de los presos de ETA han sido acercados a cárceles próximas a Euskadi. la siguiente fase que está previsto abordar es el acercamiento de este colectivo de presos a los centros penitenciarios vascos que desde este próximo día 1 de octubre gestionará la administración vasca.

Fuente: El Diario.es

Acaip-UGT, que es el sindicato mayoritario de las tres prisiones vascas, ha acusado al Gobierno vasco de "falta de previsión" y de actuar "de forma lenta" a la hora de definir el modelo de gestión de la transferencia a partir del 1 de octubre. También entiende su presidente, José Ramón López, que se desconoce "cómo funciona un centro penitenciario y cuáles son sus necesidades reales".

A tres semanas de la asunción de la competencia, Acaip-UGT cree que faltan datos de "cuál" es el modelo de gestión que propone la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y ha advertido de que "no se puede empezar con la gestión de una competencia nueva sin ningún acuerdo sindical". López ha hecho estas afirmaciones en una comparecencia en la sede del UGT en Bilbao, sindicato con el que confluyó en 2018, junto al secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, la secretaria general de la federación de Servicios Públicos de UGT-Euskadi, Arantza Agote, y del responsable de Acaip-UGT de Euskadi, Juan Carlos Díaz, informa Europa Press.

En la comparecencia se ha dado a conocer un informe del sindicato sobre la situación en los centros penitenciarios vascos, así como las prioridades en infraestructuras y medios humanos en las prisiones, ante la inminente asunción de las competencias penitenciarias, efectiva el 1 de octubre, y su encaje en la Administración General de Euskadi. Es una propuesta que, tal y como han trasladado, ya ha sido presentada al Gobierno autonómico.

En dicho análisis, se recogen tres carencias fundamentales a la hora de abordar la gestión del sistema penitenciario. En primer lugar, que Euskadi no cuenta con centros de inserción social para afrontar la política penitenciaria de tercer grado. En segundo lugar, señalan que existe un grave problema del personal necesario que se requiere. Según sus estimaciones, "a día de hoy, y tal y como ha calculado el sindicato, la falta de personal se cifra en más de 90 trabajadores porque, tal y como ha denunciado, "están sin cubrir el 30% de las plazas de personal laboral y más del 10% de las necesarias entre el personal funcionario" en las tres cárceles vascas: Zaballa, Basauri y Martutene.

El personal actual entre las tres prisiones ronda los 700 trabajadores, entre funcionarios y plantilla laboral. En este punto, López ha apuntado que el 50% de esos 700 funcionarios destinados en Euskadi pueden inscribirse en el concurso de traslados que Instituciones Penitenciarias abrió el pasado 1 de septiembre. A todo ello habría que sumar, en tercer lugar, lo que López ha calificado como el "mal endémico y muy preocupante" entre su colectivo, como es la elevada media de edad de los funcionarios, que se sitúa en 54 años en Basauri, en los 51 años en Zaballa y de 48 años en Martutene, cuando, ha precisado, "hay que afrontar una población reclusa cada vez más joven".

A juicio del sindicato mayoritario en Prisiones, "la asunción de las competencias por parte del Gobierno Vasco suscita muchas dudas que no quedan resueltas en las Bases para la Implantación del Modelo Penitenciario en Euskadi". Para empezar, ha añadido, "es primordial que disponga de un sistema provisional de cobertura de las necesidades que vayan surgiendo a partir del 1 de octubre". López ha afirmado que, a juicio de su sindicato, "hay mucho desconocimiento de cómo funciona un centro penitenciario y de cuáles son las necesidades reales de funcionamiento".

Por ese motivo, entienden que "se están dando una situación de poco calado, de ir a 'matacaballo', solamente buscando una fecha para presentar un acuerdo a los ojos de la opinión publica". Sin embargo, ha advertido, ese acuerdo, "a día de hoy, está lejos". "Aunque no decimos que no se vaya a producir, porque somos el sindicato mayoritario en instituciones penitenciarias desde el año 1998 y somos un sindicato que firma acuerdos, estamos para firmar acuerdos pero no para firmarlos a cualquier precio", ha indicado.

A juicio del presidente de Acaip, el problema de esta transferencia es que es "totalmente nueva". "Y vamos a tener que crear todo nuevo desde la estructura, como ya se tenía en la Administración central", ha dicho. Por eso, ha valorado, tienen la sensación de que "no se ha calibrado bien esta circunstancia desde el Gobierno y que está muy poco trabajada y muy poco desarrollada pese a ser una competencia muy deseada".

López ha fijado "las líneas rojas" que su sindicato no va a traspasar en las negociaciones en materia de retribuciones económicas de las plantillas de los tres centros penitenciarios vascos. En este sentido, ha advertido de que no van a permitir que "un funcionario transferido pierda dinero bajo ningún concepto". "Eso es absolutamente impensable y esa es una línea roja evidente", ha enfatizado. Además, el Gobierno casco "no puede pretender que los sindicatos, como representantes de los trabajadores, renuncien a derechos adquiridos por las plantillas".

En su informe, Acaip-UGT sostiene que las carencias de personal, tanto por vacantes, como por relaciones de puestos de trabajo infradotadas "deben solucionarse con la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo a la realidad existente con un dimensionamiento adecuado". Para ello, también es necesaria una OPE suficiente que permita cubrir de forma adecuada las relaciones de puestos de trabajo. Sin embargo, López ha alertado de que esos nuevos trabajadores no se incorporarían antes de dos años, lo que agravaría la situación de provisionalidad, algo que requiere, en su opinión de la creación de una bolsa de interinos que permita solucionar disfunciones coyunturales de forma efectiva y rápida.

El Gobierno vasco se reunirá este miércoles con los sindicatos para negociar las condiciones laborales de los trabajadores afectados por la transferencia a Euskadi de la gestión de las cárceles ubicadas en la comunidad autónoma. En este sentido, López ha corroborado que las reuniones mantenidas hasta ahora solo han sido "de carácter técnico, a efectos de instrumentalizar al 1 de octubre los efectos del traspaso". Asimismo ha lamentado que las declaraciones realizadas acerca del modelo del sistema "son bastante generalistas pero no aluden exactamente en qué términos" por lo que todavía no tienen "una idea clara de qué y cómo quieren llevar a cabo" la gestión del sistema penitenciario vasco.

Fuente: El Mundo

ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario, advierte de que la mitad de los 700 trabajadores pedirán su traslado si la consejera no respeta sus derechos

ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario en las tres prisiones vascas, ha denunciado el "desconocimiento" con el que la consejera Beatriz Artolazabal está abordando la transferencia el próximo 1 de octubre. El Gobierno vasco y los sindicatos ACAIP-UGT, CCOO y ELA retomarán mañana miércoles sus contactos para determinar las condiciones de trabajo de los 700 funcionarios y personal laboral que trabajan en las tres prisiones vascas. "Sería un grandísimo error asumir la transferencia sin acuerdo", han advertido el secretario general de ACAIP-UGT José Ramón López y el líder de UGT Euskadi Raúl Arza.

Los funcionarios de prisiones negocian a "matacaballo", según López, las condiciones de trabajo de los 700 funcionarios que a partir del 1 de octubre formarán parte de la administración vasca. Unas condiciones singulares tanto por las características del trabajo de estos funcionarios del Estado como por sus condiciones laborales que, tras el acuerdo político para el traspaso, deben ser respetadas por el departamento de Beatriz Artolazabal que ha encomendado a Jon Uriarte, director de Administración del departamento de Justicia.

El sindicato mayoritario se muestra "sorprendido" de la actitud del equipo de Artolazabal cuando tan sólo restan tres semanas para que oficialmente el Gobierno vasco se haga con el control de las prisiones y, especialmente, con la responsabilidad de los 700 funcionarios y trabajadores de Zaballa, Basauri y Martutene. Como informó EL MUNDO, el Gobierno vasco hizo entrega la pasada semana de una primera propuesta centrada en las condiciones laborales sin contemplar lo que ACAIP-UGT ha definido como "líneas rojas" en la negociación. Artolazabal sí incorpora como parte de la normativa que se aplicará en un segundo momento un plan de conocimiento del euskera ligado a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se finalizará no antes del año 2023.

Mientras tanto, los funcionarios exigen que se respete el pase a la denominada 'segunda actividad' de una plantilla que supera los 50 años de media de edad y que es insuficiente para atender a una población reclusa de 1.300 presos distribuidos en los tres centros penitenciarios. José Ramón López ha advertido de que en el momento de la transferencia faltarían 90 trabajadores, fundamentalmente en Zaballa, en función del ratio de funcionarios que se requiere en los centros tipo como la prisión alavesa.

Una circunstancia agravada al mantenerse abiertos los 15 módulos de esta cárcel moderna y a la que se destinó la misma plantilla que prestaba hasta 2011 sus servicios en la antigua prisión de Nanclares, con la mitad de módulos. ACAIP-UGT, además de un aumento del personal, reclama que se mantenga el salario vinculado a los seis "programas de productividad" que, de momento, el Gobierno vasco no contempla porque no forma parte de sus retribuciones salariales.

ACAIP-UGT ha advertido, además, que ni Artolazabal ni ningún miembro de su equipo ha explicado a los sindicatos en qué consiste el 'modelo penitenciario vasco' que pretende poner en marcha a partir del día 1 de octubre con la colaboración como asesor del juez Jaime Tapia. Un modelo que primará el cumplimiento en semilibertad de las penas de todos los reclusos, especialmente de los casi 70 miembros de ETA que ya se encuentran en las tres prisiones vascas y que se verán incrementados en los próximos meses.

López ha advertido a la consejera Artolazabal que hasta el 50% de los 700 funcionarios destinados en Euskadi pueden apuntarse al concurso de traslados que Instituciones Penitenciarias abrió el pasado 1 de septiembre por las dudas que se han generado en la plantilla. Una desbandada que agravaría la situación actual en la que un funcionario llega a realizar el control de dos módulos a la vez. El representante de ACAIP-UGT ha planteado que se constituyan bolsas de trabajo para contrarrestar las vacantes actuales y las que se puedan generar pero ha destacado la necesidad de cerrar un acuerdo antes del 1 de octubre. "No vamos a permitir que ningún funcionario pierda dinero [con la transferencia]", ha advertido ACAIP-UGT que lidera la negociación del traspaso de esta delicada competencia.

Fuente: El Mundo

El 85% de la plantilla reside fuera del País Vasco y teme la presión lingüística impuesta por el gobierno vasco

El Gobierno vasco pretende cerrar en apenas tres semanas un acuer-do con los funcionarios de Prisio-nes que trabajan en las tres cárce-les de Euskadi y que a partir del 1 de octubre se integrarán en la ad-ministración autonómica. El Ejecu-tivo de Urkullu ha incluido entre su oferta a los sindicatos retrasar la obligación del conocimiento del euskera a los 700 trabajadores que, de momento, componen las planti-llas de las prisiones de Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya) y Martu-tene (Guipúzcoa). Los funciona-rios, la gran mayoría ciudadanos

Fuente: El Pais

El lehendakari afirma que ese tipo de actos “violan” los esfuerzos por la convivencia

El lehendakari ha mandado un mensaje muy duro a la izquierda abertzale por alentar y justificar los homenajes a los miembros de ETA, libres o encarcelados. En su opinión, los recibimientos “violan los esfuerzos por una convivencia integral”, ha declarado este viernes Íñigo Urkullu a través de las redes sociales. “Estas son actitudes repulsivas”, ha dicho en relación a quienes desde Sortu, el partido mayoritario de la coalición EH Bildu, defienden los homenajes a exterroristas, como el que varias decenas de personas ofrecieron el pasado lunes en el barrio bilbaíno de Santutxu al etarra Agustín Almaraz, que salió de la cárcel tras cumplir 25 años de condena por cuatro asesinatos. Sortu sostiene que la salida de prisión de cada recluso de ETA es un hecho que “acerca a la paz” y en un comunicado aseguran que “difícilmente se construirá la convivencia imponiendo al otro lo que debe o puede hacer”.

Urkullu ha reclamado una reflexión en clave ética a los dirigentes de Sortu y a los miembros de ETA que siguen en la cárcel o que la abandonan después de cumplir la pena. A través de Facebook les ha pedido que hagan “una valoración y un reconocimiento del daño injusto causado” para cumplir con los mínimos de respeto a las víctimas que exige la sociedad vasca y sobre los que se ha de construir la convivencia. El lehendakari se ha sumado al coro de voces críticas con la izquierda abertzale que ya alcanza a todo el arco parlamentario vasco. El recibimiento a Almaraz ha sido denunciado por los Gobiernos central y vasco, por todos los partidos políticos y las asociaciones de víctimas. Solo Sortu salió en su defensa.

 

El Observatorio de Radicalización, de Covite, ha registrado en los seis primeros meses del año 64 actos de apoyo a ETA, frente a los 124 documentados en el mismo periodo de 2020. De ellos, nueve fueron homenajes a miembros de ETA, 40 han sido pintadas y pancartas de ensalzamiento a la banda, cinco manifestaciones a favor de la amnistía para los presos y 10 acciones clasificadas como “otros” entre los que figura el acoso a las Fuerzas de Seguridad del Estado o la agresión al exconcejal del PP en Vitoria, Iñaki García Calvo. Para el próximo día 18 de septiembre está prevista una marcha de homenaje en Mondragón al preso de ETA Henri Parot, que lleva 31 años en la cárcel y cumple condena por el asesinato de 39 personas en diferentes atentados. El acto, organizado por la red Sare de apoyo a los presos, consiste en una marcha solidaria de 31 kilómetros, uno por cada año que lleva en la cárcel.

 

Urkullu argumenta que cada vez es más necesario compartir una base ética “que destierre para siempre estas actitudes que violan los esfuerzos por una convivencia integral” y añade que lo fundamental es “construir una sociedad desde la base firme de unos principios y valores compartidos”. La repulsa de Urkullu hacia la defensa que hace Sortu de los denominados ongi etorri (bienvenida) a los presos de ETA es compartida también por los sindicatos policiales. El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, y el secretario de organización de JUPOL, Aarón Rivero, se reunieron este lunes con el Delegado del Gobierno en el País Vasco para explorar la posibilidad de prohibir el acto, una decisión que solo puede adoptar la justicia. La Delegación del Gobierno remitió a la Fiscalía la convocatoria del acto.

En el mismo mensaje que Urkullu ha difundido sobre los recibimientos a etarras, el lehendakari ha condenado los últimos incidentes entre jóvenes y policía en San Sebastián. EH Bildu ha sido la única fuerza que se ha negado a suscribir una condena de los hechos que dieron lugar a la detención de quince jóvenes en San Sebastián tras enfrentamientos con la policía vasca y saqueos en comercios.

El Partido Popular registró el jueves una petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le exigen explicaciones sobre los homenajes a presos de ETA que vienen realizándose en municipios del País Vasco y Navarra y le emplazan a tomar medidas para poner fin a estos ongi etorri. La iniciativa registrada en el Congreso reclama al titular de Interior que explique “las actuaciones que está llevando a cabo para prohibir los actos de homenajes ongi etorri que se están produciendo, a la salida de las prisiones, de presos de ETA”. La solicitud, firmada por Cuca Gamarra, emplaza a Grande-Marlaska a tomar medidas “para no permitir la celebración, el próximo 18 de septiembre, de un acto de homenaje en Mondragón (Guipúzcoa) a Henri Parot”, que acumulaba penas de hasta casi 4.800 años de cárcel.

 

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