Fuente: El Mundo

Presos en semilibertad como Iñaki Urdangarín duermen ahora dentro de la cárcel de Zaballa. Faltan 80 funcionarios en las cárceles vascas.

El Departamento de Justicia del Gobierno vasco pretende readecuar la vieja cárcel de Nanclares para ubicar allí un nuevo Centro de Inserción Social (CIS) pese a que las instalaciones fueron cerradas el pasado 1 de marzo por Instituciones Penitenciarias. Las enormes instalaciones de la prisión alavesa sufrirían una profunda renovación para reconvertirlo en un recinto abierto dentro del denominado 'modelo penitenciario vasco' que primará las penas en semilibertad. El equipo de la consejera Beatriz Artolazabal no tiene una decisión tomada como tampoco tiene aún decidido cómo completará la plantilla de las cárceles que dispone en la actualidad de 640 trabajadores, 79 menos de los que le corresponderían.

El Gobierno vasco acelera el traspaso de las prisiones y se encuentra examinando "en profundidad" la situación de los edificios transferidos por Grande-Marlaska. La cárcel de Zaballa -inaugurada en 2011- es la instalación más moderna pero durante los primeros años sólo tuvo abiertos 10 de sus 15 módulos para compensar la reducción de personal. El traslado de los presos de la denominada 'sección abierta' de Nanclares a Zaballa se produjo en diciembre de 2019 y desde entonces utilizan dos módulos en el interior de la cárcel. En la actualidad, uno de los presos que cumplen en condiciones de semilibertad su condena es Iñaki Urdangarín que pernocta en la prisión de martes a jueves mientras el resto de la semana permanece en el domicilio familiar de Vitoria.

Tras el cierre de la sección abierta, Nanclares estuvo abierta hasta marzo de 2021 sólo para los funcionarios de la prisión que vivían en los denominados pabellones situados dentro del cierre perimetral. Tras meses denunciando las pésimas condiciones de viviendas por las que pagaban un alquiler, el Ministerio del Interior ordenó el pasado 1 de marzo de 2021 el cierre definitivo de la instalación. Durante casi cuatro meses, Instituciones Penitenciarias mantuvo a casi un centenar de usuarios en condiciones infrahumanas al negarse a reparar el suministro de agua y la calefacción de estas viviendas por las que recibía un canon de cada inquilino.

La consejera de Justicia Beatriz Artolazabal aún no ha aclarado públicamente qué piensa hacer ni con la vieja cárcel de Nanclares ni con las otras tres prisiones vascas. Tampoco ha aclarado cómo se incorporará a los 640 funcionarios de prisiones a la administración vasca. Instituciones Penitenciarias mantiene sin cubrir 79 plazas que forman parte de la Relación de Puestos de Trabajo de estas tres prisiones. Artolazabal conoce este desajuste en la plantilla a partir del actual modelo en el que los trabajadores de prisiones cuentan con características específicas. Prácticamente todos ellos forman parte de un grupo de funcionarios con los denominados 'horarios especiales', en los que se concentra el trabajo en jornadas ampliadas con periodos de descanso semanales.

Además, los trabajadores de las tres prisiones cuentan con mayor número de días de descanso anual que hasta ahora les ha permitido mantener sus residencias familiares fuera del País Vasco. Los funcionarios se encuentran a la expectativa de cómo afecta a sus funciones los cambios que Artolazabal y el juez Jaime Tapia pretenden introducir en los próximos meses en las tres cárceles.

Mientras tanto, el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi ha admitido en una entrevista en Radio Euskadi que este traspaso "podría ser" una 'oportunidad' para la justicia restaurativa. "Cada transferencia que conseguimos es fruto del trabajo de mucha gente que trae aquí la capacidad de decisión, a veces total y a veces parcial. Es también una oportunidad para demostrar que aquí hacemos las cosas de un modo diferente", ha manifestado.

Otegi se ha preguntado de qué sirve lograr en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra competencias "en muchas materias" si se aplican "los mismos modelos y criterios que del Ebro para abajo". "En ese sentido, el traspaso de la competencia de prisiones nos da una oportunidad de hacer las cosas diferentes, y espero y deseo que así sea", ha añadido. Por otra parte, ha dicho que no tienen "ningún inconveniente" en que el PNV se "cuelgue la medalla" de haber logrado el traspaso de esa materia, pero ha recordado que en 40 años "la competencia no ha venido". "En esta coyuntura histórica, ha cambiado una cosa en Madrid: que el Gobierno depende de la mayoría independentista vasca y catalana, y ha venido la transferencia. Ahí lo dejo, no tengo ningún problema. Para mí lo importante es que venga la transferencia y seamos capaces de hacer un modelo diferente de política penitenciaria, en la medida que podemos", ha señalado.

Otegi ha insistido en que no tiene "inconveniente" en que "el que quiera colgarse la medalla se la cuelgue". "Yo pongo información encima de la mesa y, luego, que la gente saque sus conclusiones: 40 años sin venir y ha venido ahora. Ya está", ha manifestado.

Fuente: El Independiente

Miquel Iceta firma hoy en Bilbao la transferencia de las tres cárceles y los 700 funcionarios. Urkullu diseñará su "modelo vasco" de reinserción para los 1.300 reclusos. El traspaso se completa tras 182 acercamientos y sólo una decena pendiente.

Euskadi firmará hoy un acuerdo largamente esperado. La asunción de la competencia de prisiones será una realidad tras años de negociaciones y después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya prácticamente culminado el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi. Con los dos traslados aprobados el pasado viernes, apenas resta una decena de reclusos de la banda por ser aproximados al País Vasco. Desde que en agosto de 2018 el Ejecutivo socialista comenzara a revertir la política de dispersión aplicada desde 1989 a los presos de la banda han sido trasladado 182. Los reclusos que por ahora no se han beneficiado de esta medida son, en algunos casos, los que se considera que pertenecen al colectivo crítico con el entorno afin a EH Bildu y Arnaldo Otegi y al colectivo mayoritario de presos, el EPPK.

Esta mañana el ministro de Política Territorial y Función Pública visitará Bilbao para firmar la cesión de la gestión de las prisiones en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. La aplicación del ‘modelo vasco’ de prisiones será efectivo desde el mes de octubre. Hasta entonces, la Administración de Urkullu comenzará a asumir y planificar la gestión de la competencia. En las cárceles vascas cumplen condena alrededor de 1.300 presos. En los últimos meses ha ido en aumento el colectivo de presos de ETA que han sido trasladados a alguna de las tres cárceles vascas –Basauri, Zaballa y Martutene- y que suman ya 46 reclusos. El resto se encuentran cumpliendo condena en cárceles próximas, principalmente la de Pamplona, con 11 presos de ETA, o en Logroño, Cantabria, Zaragoza o Asturias.

Además de prisiones, Euskadi asumirá oficialmente hoy otras tres competencias; la titularidad del transporte por carretera, la gestión de los códigos bibliográficos ISSN y el inmueble correspondiente al Distrito Marítimo de Ondarroa. De la entidad y relevancia que el Gobierno de Urkullu quiere revestir la cita de esta mañana da muestra que el Ejecutivo contará en la mesa con hasta seis consejeros, los relacionados con algún aspecto de las cuatro materias. El proceso ha sido largo y ha tenido que ser aplazado en numerosas ocasiones. Comenzó negociándolo la primera responsable de la política territorial de un Gobierno de Sánchez, Meritxell Batet, lo continuó su sucesora, la hoy ministra de Sanidad, Carolina Darias, y lo ha culminado su sucesor, Miquel Iceta.

El Ejecutivo vasco considera que es un “hito” importante al que debe seguir el acuerdo sobre el resto de materias aún pendientes para la culminación del Estatuto de Gernika de 1979. El pacto alcanzado con Sánchez en 2018 contemplaba una treintena de transferencias, -las recogidas en el Estatuto y aún pendientes-, entre ellas el estudio del régimen económico de la Seguridad Social.

Estatuto por apoyo

Es precisamente ésta negociación en la que en gran medida se soporta el apoyo que el PNV está brindando el Gobierno PSOE-Unidas Podemos. Lograr el desarrollo íntegro del Estatuto se ha convertido en la mayor oportunidad que en muchos años ha tenido el nacionalismo vasco para hacer cumplir esta vieja aspiración.  El PNV está convencido de que con un gobierno del PP dar este paso sería más complicado y por ello ha convertido esta aspiración en la principal y casi única contraprestación que de modo reiterado reclama a Sánchez a cambio de su apoyo.

Incluso tras el revés del PSOE en las elecciones de Madrid del pasado 4-M el PNV ha evitado cuestionar al Gobierno socialista. Dio garantías al Ejecutivo de que no virará su apoyo hacia el PP. Sabin Etxea no ve aún a los populares como una “alternativa” que hoy pueda poner en peligro el Gobierno sanchista: “El PP carece de capacidad para articular una alternativa” y de “influencia para lograr mayorías”, subrayó Aitor Esteban horas después de la victoria de Ayuso en Madrid. Más aún, consideró que lo sucedido en las elecciones madrileñas en realidad puede provocar “un alargamiento de la legislatura”.

También en el Gobierno vasco se ha evitado estos días la crítica directa a Sánchez. Ni siquiera el lehendakari, en su reiterada petición de una prórroga del Estado de Alarma, desoída por Sánchez, ha optado por los reproches directos. Pese a que Euskadi se encuentra en la peor posición de la ‘cuarta ola’ y que el País Vasco era la comunidad más interesada en seguir en Estado de Alarma, ni en Lakua ni el PNV han elevado la voz. Urkullu y Ortuzar saben que el apoyo del PNV a un Gobierno inestable como el de Sánchez puede convertirles hoy en imprescindibles y con ello acelerar el cumplimiento de compromisos adquiridos.

El consejero de Seguridad y vicelehendakari Erkoreka recordó al anunciar el acuerdo que la competencia de prisiones no es más que “algo que nos deben desde hace 40 años” y que tras él deben legar el resto de materias aún pendientes. Desde hoy el Gobierno vasco será el titular de la competencia cuya cuantificación económica es de 70 millones de euros, a descontar del Cupo.

Resocializar, reeducar y reinsertar

La política penitenciaria la seguirá marcando el Gobierno central pero la gestión de las cárceles, la concesión de beneficios, las juntas de tratamientos, el personal y la reinserción dependerá de la Administración vasca. Hasta el momento el Ejecutivo vasco ha insistido en que el suyo será un modelo centrado en la “resocialización, reeducación y reinserción”. Ante las acusaciones sobre el impacto que la asunción de la gestión penitenciaria pudiera tener en forma de beneficios hacia los presos de ETA, la Administración vasca ha insistido en que no se deben vincular ambas cosas. “No hay por qué desconfiar”, aseguró Erkoreka. El Gobierno vasco insiste en que “actuaremos dentro de los amplios márgenes que nos deja la ley”.

Por el momento ultima cuál será su modelo penitenciario. Deberán aplicarlo los casi 700 funcionarios de prisiones que pasarán a formar parte de la Administración vasca. Además, en apenas dos años Euskadi será la titular de la nueva cárcel guipuzcoana cuyo proceso de construcción ya está en marcha, la prisión de Zubieta, que sustituirá a la vieja prisión de Martutene.   

El Gobierno de Urkullu defiende un modelo basado en la llamada ‘justicia restaurativa’ que permita que el cumplimiento de las condenas facilite el regreso a la sociedad de los internos. En este sentido, desde hace años trabaja en un programa específico para los presos de ETA. La inquietud del Ejecutivo vasco radica en la especial incidencia política e impacto social que rodea a este colectivo de reclusos. Se considera que puede ser determinante para asentar la convivencia en la sociedad vasca. Por ello, la resocialización de los presos de ETA abarcará desde su reinserción en prisión hasta su ‘resocialización’ una vez en libertad. También se plantea facilitarles el acceso prioritario como colectivo en riesgo de exclusión social a todos los servicios, ayudas y prestaciones públicas.

‘Reintegrar’ a los presos de ETA

El Gobierno considera que el tratamiento a estos reclusos condenados por terrorismo es una cuestión que genera “controversia” pero que debe cuidarse por su “gran influencia en el proceso de normalización de la convivencia” en Euskadi. En 2016 el entonces secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, avanzó que el objetivo es hacer de su política penitenciaria y de reinserción una suerte de “política de convivencia para la sociedad y de confluencia para las víctimas”.

El tratamiento a los presos de ETA incluiría dos fases. La primera de ellas será la de su “reinserción” dentro de la cárcel y la segunda, la de su “reintegración” en la sociedad. En la primera se exigirá al preso de ETA que desee acogerse a esta vía que acredite un distanciamiento crítico, reconozca el daño causado y se comprometa con la paz y la convivencia.

Sólo después, el Gobierno vasco planteará darles acceso a la segunda etapa de su plan: un programa de apoyo asistencial y material en todos los ámbitos para facilitar su reingreso social. Ayudas que contemplan desde el acceso a una renta mínima, hasta ser demandantes prioritarios -por constituir un colectivo “en riego de exclusión”- de las prestaciones de acceso a la vivienda, al empleo, a formación, a servicios sociales, a prestaciones sociosanitarias…