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Fuente: OK Diario
Urkullu tienta a los etarras huidos con un plan de reinserción ‘a la carta’ tras asumir las cárceles.
El Gobierno de Iñigo Urkullu, que desde el pasado mes de mayo tiene las competencias sobre las tres cárceles que hay en su territorio, ha diseñado lo que llama un «plan de acogida» para los 700 funcionarios de prisiones que va a asumir el nuevo sistema autonómico. Les va a concienciar sobre el funcionamiento de su nuevo «modelo de justicia alternativa», que defiende la «semilibertad» como uno de sus puntos fundamentales. Una declaración de intenciones respecto al futuro carcelario de los presos de ETA.
El colectivo de funcionarios de prisiones ha sido históricamente uno de los grandes castigados por el terrorismo de ETA. Han sufrido en sus carnes multitud de atentados y amenazas. Sin ir más lejos, el secuestro de año y medio que sufrió José Antonio Ortega Lara, trabajador del centro penitenciario de Logroño.
El Gobierno vasco sabe que el colectivo es un potencial foco de conflictividad en cuanto a la concesión de beneficios ‘a la carta’ a presos etarras se refiere. Y por ello, ha aplicado un plan para aplacar las críticas a su política penitenciaria antes incluso de que se produzcan. La venda antes que la herida.
La «semilibertad»
Urkullu ha denominado a eso un «plan de acogida» para los 700 funcionarios que a partir del próximo 1 de octubre pasarán a depender directamente del Gobierno vasco. De momento se encuentran en un régimen transitorio y dependen del Ministerio del Interior.