
ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
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Diario: El Mundo
Las cárceles vascas se vacían de funcionarios y sólo 65 personas de otras comunidades se incorporarán al nuevo modelo penitenciario.
El Gobierno vasco asumió el pasado 1 de octubre la transferencia de las tres cárceles vascas y cada vez hay menos funcionarios para ocuparse de los 1.365 reclusos, entre ellos 84 miembros de ETA. La consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, anunció el pasado 12 de enero que al finalizar el concurso de traslados, que ha culminado esta misma semana, Instituciones Penitenciarias incrementaría los trabajadores de los centros de Zaballa, Martutene y Basauri.
Sin embargo, las plantillas de estos centros acumulan ya 82 vacantes porque 80 funcionarios han decidido marcharse del País Vasco renunciando a las mejores condiciones económicas y laborales que ofrece el Gobierno vasco y sólo 65 de otras regiones se incorporarán en las próximas semanas al denominado modelo penitenciario vasco.
El Gobierno vasco anunció la implantación de un sistema singular de cumplimiento de las penas en el que se pretende que el 40% de los reclusos se encuentren en semilibertad y que beneficiará singularmente a los 84 presos de ETA que ya han sido trasladados, aunque tanto EH Bildu como el PNV pretenden acelerar estos acercamientos y que los 175 ex miembros de la banda sean trasladados a prisiones del País Vasco y de Navarra.
El sindicato ACAIP-UGT, el mayoritario en las plantillas de funcionarios penitenciarios en el País Vasco, ya advirtió antes de que se procediera a culminar la transferencia de un déficit de 65 vacantes en las tres prisiones en función de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Cien días después de asumir la gestión de las cárceles y con el foco situado en la nueva agencia de formación laboral Aukerak (Oportunidades, en euskera), el déficit de funcionarios se sitúa en 82 vacantes y compromete el funcionamiento del trabajo en estos centros penitenciarios.
"Ya advertimos que ésta [por la gestión de las prisiones] no era una transferencia más, sino una transferencia muy complicada porque, entre otras cosas, no tiene parangón con el trabajo de otros funcionarios del Gobierno vasco", advierte José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT que logró cerrar con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu un acuerdo laboral para respetar durante dos años las condiciones de trabajo de un grupo de trabajadores perseguidos durante décadas por los miembros de ETA.
El déficit de funcionarios denunciado por ACAIP-UGT antes del 1 de octubre se ha incrementado tras las intenciones del Gobierno de Urkullu de comenzar con un proceso de euskaldunización. Prácticamente toda la plantilla formalizó el primer trámite para optar por plazas en otras prisiones de España, pero tras el acuerdo laboral alcanzado por ACAIP-UGT que mantiene complementos salariales específicos y calendarios con periodos de descanso, las peticiones de traslado se redujeron.
Consciente del déficit de trabajadores formados, la consejera Artolazabal aseguró hace una semana que, según la información que le había facilitado el Ministerio del Interior, aumentaría el número de funcionarios en el País Vasco. "El saldo que parece ser que se puede producir va a ser un saldo positivo", contestó Artolazabal ante las denuncias de los sindicatos sobre la disminución de funcionarios de prisiones.
La finalización del concurso de traslados con el listado oficial, al que ha tenido acceso EL MUNDO, constata una pérdida de al menos 15 empleados públicos que se suman a las 67 vacantes anteriores y que no podrán ser reemplazados por contrataciones de interinos hasta que el Gobierno vasco elabore su propia RPT.
El Ejecutivo de Urkullu ha asumido ante los sindicatos que tendrá que pagar pluses salariales a los funcionarios para contrarrestar el déficit de plantilla.